Tras
la aprobación el pasado día 20 de diciembre de la última reforma de la
“ley del aborto” (Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los
Derechos de la Mujer Embarazada) por el gobierno del Partido Popular se
ha generado el consiguiente debate social en torno a que una vez más se
ponga en tela de juicio nuestro derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, nuestra vida reproductiva y sobre cuándo queremos ser madres, si es el caso, la lucha por el aborto libre y gratuito debe seguir vigente.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tenemos las
mujeres. DERECHO, NO OBLIGACIÓN. Quiere esto decir que es LA MUJER (no
la ley, ni la iglesia, ni el estado) la que decide si quiere seguir
adelante con su embarazo o no, porque se trata de su cuerpo y su vida.
Una parte fundamental de la reforma que denunciamos es la
materialización legislativa de una imposición de la Iglesia católica, lo
cual deja claro una vez más la vigencia de la íntima vinculación entre
la Iglesia y el Estado. Si bien esta relación siempre ha sido una
constante en la articulación del poder estatal español.
En un
contexto cada vez más represivo sobre todo en aspectos laborales y
sociales, las mujeres sufrimos las consecuencias de lo que ellxs llaman
crisis: despidos baratos, contratos cada vez más precarios,
privatización de servicios públicos con todo lo que afecta a salud,
educación, servicios sociales casi nulos, eliminación de las ayudas a la
dependencia, etc. Las mujeres, poco a poco, volvemos a quedarnos dentro
de casa, cuidando, como hace 50 años.
El Gobierno ha
manifestado en la memoria que ha realizado el Ministerio de Justicia
sobre la reforma de la ley del aborto sus esperanzas en que esta aumente
la natalidad gracias a las nuevas trabas para interrumpir el embarazo,
por lo que no persigue otro objetivo que la búsqueda de más mano de obra
barata y esclavizada, la cosificación de las mujeres reduciéndolas a
meras incubadoras y más niños y niñas de los que la Iglesia pueda seguir
abusando. La mayor profundización de las contradicciones en el actual
periodo de crisis del capitalismo implica que la libre posibilidad de la
reproducción y el desarrollo digno de la vida, se ven atacados por la
lógica de la acumulación y el beneficio de las minorías explotadoras.
Y en esta línea, el ministro de in-justicia, Gallardón, que no el
ministerio de Sanidad como correspondería, y el gobierno del PP, nos
quiere quitar lo poco que hemos logrado con la lucha feminista: poder
abortar en la sanidad pública hasta las 14 semanas.
La
despenalización parcial del aborto en el 85 fue un avance fruto de
nuestra lucha, que aunque insuficiente desenmascaró la posición política
del PSOE respecto al aborto, lo cual quedó corroborado en la última
reforma donde 20 años después mantuvieron el aborto como delito. Ahora,
por las presiones de sectores ultraconservadores como la jerarquía de
la iglesia católica, quieren endurecer o eliminar los supuestos,
dejarnos sin nuestro derecho a decidir libremente. Nos dicen que no nos
preocupemos, que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar. ¿Pero qué
pasa con las y los profesionales? Ellos y ellas sí. Esa es la
finalidad: ELIMINAR CASI TODOS LOS SUPUESTOS Y ELIMINAR LAS CLÍNICAS
ABORTISTAS AMENAZANDO A SUS PROFESIONALES. Por no hablar de los abortos
inseguros que se seguirán realizando.
El estado nos reprime de
mil formas, y una más y muy dura para nosotras, es negarnos el derecho a
decidir sobre nuestro cuerpo. Esta sociedad patriarcal entiende que las
mujeres somos propiedad de los varones y que no estamos capacitadas
para tomar decisiones, por ello quiere seguir con la apropiación y el
control de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. El maltrato
institucional nos aboca a la violencia estructural. Sin respeto a
nuestras decisiones no hay futuro en igualdad para las mujeres.
La Plataforma por la Sexualidad y el Aborto Libres, que nace con la
intención de impulsar el movimiento feminista en aras de visibilizar,
denunciar y defender los derechos de la mujer trabajadora frente a los
continuos ataques sufridos y también frente a la hipocresía e ineficacia
de la política institucional, MANIFIESTA QUE:
Exigimos que se
respete el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir: la
interrupción voluntaria del embarazo es una decisión que debe tomar cada
mujer libremente, sin ningún tipo de coerción.
Reclamamos que
se garantice nuestro derecho de acceso a un sistema sanitario público,
de calidad, gratuito y universal, independientemente de nuestro origen o
clase social y del territorio en que residamos. Queremos que se regule
la objeción de conciencia.
Luchamos por que se establezcan
políticas reales y efectivas de planificación familiar, incluidas en la
seguridad social y protección frente a enfermedades de transmisión
sexual.
Demandamos anticonceptivos gratuitos, formación para los y las jóvenes y que se fomente la investigación en anticoncepción.
Reivindicamos que en el sistema educativo se incluya la educación en
igualdad con materias que aborden las relaciones afectivo-sexuales.
Queremos que haya una formación específica en estas materias para el personal sanitario, educativo y de servicios sociales.
Exigimos la completa despenalización del aborto y que se aplique en todos los territorios.
ABORTAR ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN NI UN DELITO. Quien no quiera
hacerlo, que no lo haga. Y que quede claro: ABORTAMOS LAS MUJERES, NO EL
ESTADO NI LA IGLESIA.
PLATAFORMA POR UNA SEXUALIDAD Y ABORTO LIBRES
(ACCIÓN FEMINISTA, BLOQUE OBRERO, CGT, CNT, SODEPAZ BALAMIL, TEJIENDO EN MORADO Y UJCE)
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