Comunicado sobre el proceso de privatización de AENA

Desde la UJCE mostramos nuestro total rechazo al proceso de privatización de AENA que se está llevando a cabo. 

Como ya ha sucedido con numerosas empresas públicas rentables a lo largo de los últimos años, la mayor empresa pública, que gestiona la red de aeropuertos, va a pasar a manos privadas. El gobierno del PSOE creó el marco legal a través de un decreto ley en 2010 y ahora el PP privatiza el 49% de la compañía tras el RDL del 4 de julio.

De este modo se regalará la empresa por unos 2500 millones de euros, cuando está teniendo unos beneficios de más de 700 millones de euros anuales y en 2011, en un momento de debilidad de la empresa, se valoraba en 30.000 millones de euros. Si esto no fuera suficiente, hay que resaltar que desde 2000 se han invertido más de 20.000 millones en los aeropuertos. El 21% de la empresa ya se ha repartido entre 3 grandes inversores y se espera que el restante 28% salga a bolsa en las próximas semanas.

Nos encontramos por tanto ante un nuevo robo de recursos públicos a manos de una minoría que dueña de los grandes fondos de inversión, bancos y empresas, se apodera de todas las riquezas producidas por el conjunto del pueblo trabajador. Además, la privatización de un sector estratégico como es la gestión de los aeropuertos conllevará un deterioro de las condiciones laborales de las y los trabajadores de AENA, así como un previsible encarecimiento del servicio, pues los únicos intereses de los monopolios que adquieren AENA son su lucro privado y no el interés general.

Por lo tanto, desde la Juventud Comunista, apoyamos todas las movilizaciones que se están llevando a cabo contra la privatización de AENA y llamamos al conjunto de los/as trabajadores y a la ciudadanía en general que se verá afectada por este robo de lo público, a que se oponga a esta privatización y apoye todas las acciones que se lleven a cabo contra ello.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE AENA

BASTA DE ROBAR LO QUE ES DEL PUEBLO

Comunicado por el 15 de octubre Día Internacional de las Mujeres Rurales “Existimos, trabajamos, luchamos, sembramos futuro”

El 15 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por las Naciones Unidas en 2007 con la aprobación de una resolución donde reconoce «la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».

Las mujeres en el entorno rural desempeñamos un papel fundamental en las economías rurales del Estado. Desde la producción en los cultivos y cuidado del ganado, hasta cubrir las necesidades de cuidado en el entorno familiar, pero, como en todos los ámbitos de la sociedad, los roles de género también se perpetúan en el medio rural. El patriarcado suele afectar de forma especial por la moral de origen católico y el control social y familiar. De esta manera, mientras que los hombres cuentan con mejores oportunidades de acceso al empleo, para las mujeres, especialmente las más jóvenes, el acceso es muy dificultoso o, en muchas ocasiones, prácticamente nulo. A esto hay que añadirle las altas tasas de precariedad laboral, la temporalidad y el ejercicio de la economía sumergida.

Las mujeres trabajan principalmente como empleadas del hogar o como elemento “auxiliar” ligadas a la economía familiar. La mayoría de ellas sin cotizar a la seguridad social, con altos índices de temporalidad, trabajos intermitentes, mal pagados e invisibilizados. Asimismo, las mujeres que se dedican al trabajo agrario cuentan con una mayor carga familiar que da lugar a más desigualdad, tanto en lo laboral como en el reparto de las cargas familiares dentro del núcleo del hogar.

La pobreza y la inestabilidad en el medio rural es más significativa en el caso de las mujeres, a las cuales hay que añadir el trabajo de cuidados. Por supuesto, el trabajo doméstico ni está remunerado ni está visibilizado. Un ejemplo esclarecedor lo vemos cuando el 70% de las mujeres, en el medio rural, se siguen encargando del cuidado de las personas dependientes dentro del hogar. Esto, a parte de significar una doble explotación (e incluso triple), evidencia que las mujeres se ven obligadas a reducir significativamente su actividad profesional y por ende, se traduce en consecuencias importantes sobre su salud (el 44% sufre depresión), búsqueda de trabajos más compatibles, menos remuneración y menor estabilidad. De igual modo, las condiciones a las que se enfrentan hacen que se perpetúe el control familiar y que aumente la presión social en torno a estilos de vida más propios del franquismo, con la imposibilidad de lograr su emancipación o una vida más independiente.

Por otro lado nos encontramos con el problema que sufre la juventud LGTBI en los medios rurales. Si bien en el entorno urbano, la homosexualidad femenina es más invisible, en el medio rural está prácticamente oculta. El control social y la moral católica hacen de la libertad sexual, por lo general, algo intransitable, llevando al aislamiento o la marginación de estos jóvenes.

Por todo esto, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España exigimos:

• La creación de políticas responsables que permitan a las mujeres del medio rural a desenvolverse con autonomía. Esto quiere decir, el desarrollo de una correcta aplicación de la perspectiva de género en las políticas e iniciativas de desarrollo rural, facilitando sus condiciones de vida, su acceso a la independencia personal y a su emancipación.

• Políticas de carácter educativo que rompan con las concepciones patriarcales asentadas en los medios rurales.

• Aumento de las prestaciones y la asistencia ofertada a través de los Servicios Sociales en el medio rural, con un carácter fuertemente femenino, así como el aumento de guarderías y centros para personas mayores y/o dependientes.

Nuestra educación no se hipoteca

El Banco Santander ha lanzado una línea de financiación “Plan Crédito Familiar” con dos campañas en su seno destinadas a proveer de préstamos a universitarios para costear la “matrícula de sus estudios, material didáctico y gastos de manutención”: una para estudiantes de grado, otra para estudiantes de posgrado. El importe mínimo de ambas constaría de 600€, y el máximo de 56.000€ ó 14.000€ por año en grado, y 28.000€ ó 14.000€ por año en posgrado. Constarán las dos de un plazo de devolución de 2 a 8 años, con cuotas mensuales.

Ésta no es la primera vez que el Banco Santander “mete mano” en la universidad pública. Sólo en 2011 el grupo Santander publicó más de 50000 becas universitarias, además de tener en desarrollo más de 4000 proyectos de colaboración con universidades iberoamericanas, destacando entre ellos la financiación de los cursos de verano de distintas instituciones académicas como la Universidad Complutense de Madrid. No en vano, con la muerte del antiguo jefe del grupo, todas las universidades públicas unánimemente se apresuraron en rendir homenaje al que se había convertido en su principal mecenas.

¿Por qué el Santander lanza esta campaña en este momento?, sencillo: por un lado el incremento de las matrículas universitarias en la mayoría de autonomías ha elevado en índices de más del 100% su precio, por otro las ayudas al estudio no han hecho más que reducirse en cantidad y cuantía, habiendo actualmente sólo un 16% de universitarios que reciben alguna ayuda al estudio según la CRUE. Ante ésta realidad se genera una incapacidad de costear los precios públicos de las carreras de donde las entidades financieras pueden sacar ventaja, generándose el binomio estudiantes expulsadas/estudiantes endeudadas.

Un ejemplo escalofriante que retrata este problema es el de Estados Unidos: el conjunto de la deuda universitaria estadounidense supera el billón de dólares, 36 millones de estadounidenses tienen deudas por sus estudios, 2/3 de los universitarios son financiados con préstamos.

Los préstamos no son garantía de estudio, de la misma forma que la precariedad no es garantía de trabajo en condiciones dignas, sino garantía de sometimiento y de gravamen hipotecario durante la vida adulta de los actuales estudiantes. La reforma universitaria que pretende hacer de la enseñanza superior un agente al servicio del tejido privado realmente existente conlleva un aumento de la financiación privada en detrimento de la pública, y como contrapartida el paso de un sistema basado en becas a un sistema basado en créditos.