La patronal, amparada por los sucesivos gobiernos, sigue saliendo impune de los fallecimientos de trabajadores/as en sus puestos de trabajo. Un total de 540 trabajadores perdieron la vida en 2013, trabajando o en el camino para hacerlo. Mientras la siniestralidad laboral no se reduce, tampoco se cumplen las normativas de seguridad que podrían ahorrar tantos fallecimientos.
En cambio, empresarios y gobiernos siguen minando las condiciones laborales y atacando la dignidad de los trabajadores. No son sólo la falta de medidas de seguridad, escasamente penadas, sino que las mismas condiciones contractuales y la precarización continua y constante incide también en que tantos trabajadores pierdan la vida. Un hecho que se evidencia en el sector servicios, donde mayores cotas de precariedad se sufren, y que ve año tras año incrementar el número de trabajadores siniestrados. Pero no solamente los fallecidos. Se produjeron además 459.535 accidentes que llegaron a causar baja. Datos, que por otro lado, sólo contienen aquellos casos en los que ha sido posible acceder a estos, a veces tan difícil por el amparo que a las empresas les brindan las Mutuas.
Mientras tanto, la patronal, el gobierno y sus voceros se han arrancado en el anuncio de la reducción de los accidentes. Sin embargo, la realidad nos muestra que los datos porcentuales de población empleada y accidentes laborales ha ido incrementando, y las cifras que da el PP y la patronal no salen más que de la ocultación del incremento del paro y la precarización de los contratos. En este contexto de crisis, y con la reforma laboral como marco legal, la impunidad ante los accidentes y su aumento van de la mano.
Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) manifestamos que en el marco del capitalismo, donde priman los intereses empresariales por encima de cualquier otro, tanto los accidentes laborales como la falta de seguridad en el trabajo, son elementos imposibles de erradicar. Sin embargo, debemos exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se consideren como una prioridad, que se pongan los medios necesarios para luchar contra la siniestralidad laboral y que se persigan y castiguen severamente todos y cada uno de los delitos o imprudencias que repercutan en la salud de los y las trabajadores/as.
En cambio, empresarios y gobiernos siguen minando las condiciones laborales y atacando la dignidad de los trabajadores. No son sólo la falta de medidas de seguridad, escasamente penadas, sino que las mismas condiciones contractuales y la precarización continua y constante incide también en que tantos trabajadores pierdan la vida. Un hecho que se evidencia en el sector servicios, donde mayores cotas de precariedad se sufren, y que ve año tras año incrementar el número de trabajadores siniestrados. Pero no solamente los fallecidos. Se produjeron además 459.535 accidentes que llegaron a causar baja. Datos, que por otro lado, sólo contienen aquellos casos en los que ha sido posible acceder a estos, a veces tan difícil por el amparo que a las empresas les brindan las Mutuas.
Mientras tanto, la patronal, el gobierno y sus voceros se han arrancado en el anuncio de la reducción de los accidentes. Sin embargo, la realidad nos muestra que los datos porcentuales de población empleada y accidentes laborales ha ido incrementando, y las cifras que da el PP y la patronal no salen más que de la ocultación del incremento del paro y la precarización de los contratos. En este contexto de crisis, y con la reforma laboral como marco legal, la impunidad ante los accidentes y su aumento van de la mano.
Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) manifestamos que en el marco del capitalismo, donde priman los intereses empresariales por encima de cualquier otro, tanto los accidentes laborales como la falta de seguridad en el trabajo, son elementos imposibles de erradicar. Sin embargo, debemos exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se consideren como una prioridad, que se pongan los medios necesarios para luchar contra la siniestralidad laboral y que se persigan y castiguen severamente todos y cada uno de los delitos o imprudencias que repercutan en la salud de los y las trabajadores/as.
