Este 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, tenemos el deber de recordar a las más de 500 víctimas mortales que ha dejado el pasado año 2012 no sin señalar a los culpables de esta lacra que sigue destrozando familias. Los empresarios, ávidos de beneficios aún a costa de la salud de sus empleados y empleadas, y los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, que no han querido poner freno a la siniestralidad, son los principales responsables de estas muertes y de los miles de accidentados que se han producido a lo largo de todo el año.
Más de 4500 trabajadores y trabajadoras se han visto incapacitados a lo largo del 2012 al haber sufrido accidentes graves, y son decenas de miles los que han sufrido accidentes de menor importancia, en su mayor parte por falta de medios de prevención y de protección en las empresas, que prefieren ahorrar costes al máximo para maximizar sus beneficios, ante la mirada impasible de los partidos gobernantes.
Es necesario denunciar asimismo la labor de las Mutuas, elementos creados y financiados por las empresas, a las que a lo largo de estos años se les ha ido transfiriendo una mayor capacidad de decisión en comparación con los servicios sanitarios públicos, repercutiendo muy negativamente en la salud de los y las trabajadoras al forzar las altas médicas aún a expensas del trabajador y al no reconocer enfermedades profesionales, además de otros tantos impedimentos que se le ponen al trabajador para que se recupere de manera óptima de los accidentes de trabajo.
Desde la UJCE somos conscientes de que en el marco del capitalismo, donde priman los intereses empresariales por encima de cualquier otro, tanto la siniestralidad laboral como la falta de seguridad en el trabajo, son elementos imposibles de erradicar. Sin embargo, no podemos más que exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se consideren como una prioridad de primer orden, que se pongan los medios necesarios para luchar contra la siniestralidad laboral y que se persigan y castiguen severamente todos y cada uno de los delitos o imprudencias que repercutan en la salud de los trabajadores.
ACCIDENTE LABORAL, TERRORISMO PATRONAL.
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