La crisis financiera, que enlaza con la medioambiental, energética y alimentaria y la del agua, se produce en un contexto internacional donde la militarización de la seguridad y la voladura controlada del derecho internacional pone en serio peligro los derechos fundamentales de las personas y los pueblos y la sostenibilidad del Planeta.
Esta crisis es el resultado de una decisión política, económica, social y cultural, realizada en los años 80 del pasado siglo, liderada por la derecha mundial y acompañada de manera entusiasta por la mayoría de la socialdemocracia, que, con el reforzamiento de las posiciones llamadas neoliberales defendieron el papel del mercado como único regulador de la economía. Es decir, la desregulación más absoluta del mismo, que permitió la libertad de circulación de las mercancías, de los capitales, pero no de las personas.
Ante ella, personas e instituciones que habían venido defendiendo el mercado como único regulador de la economía y se habían opuesto a la intervención del Estado, han p
asado a pedir dicha intervención como salvavidas ante la crisis. Ello es una nueva reedición de la vieja práctica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero en todo caso revela el fracaso práctico de las doctrinas neoliberales.
No hay fondos para los problemas vitales de la Humanidad, sí para los causantes de la crisis. Se hace pagar a los pobres las excentricidades irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más. Han encintrado dinero para los culpables y no para las víctimas.
Ha llegado el momento de explicar lo que ocurre; de denunciar a aquellos que lo alentaron, lo impulsaron y lo defendieron; de pedir responsabilidades a los que se enriquecieron a costa de la mayoría de la sociedad y hoy parecen eludir cualquier relación con el desastre que nos agobia.
El Partido Popular y el PSOE han compartido en estos años las ideas centrales del proyecto neoliberal: dejar al libre mercado la organización de la sociedad. No intervenir en la economía, no planificarla, privatizar sectores estratégicos de la producción y de servicios públicos abandonando la economía real a favor de un modelo especulativo basado en un crecimiento económico depredador castigando la calidad del empleo e impidiendo el crecimiento salarial y la calidad de los servicios públicos. El PSOE y el Gobierno del presidente Zapatero son corresponsables de un modelo económico que llevará a España a una recesión que, según estimaciones de la Comisión Europea, provocará en el 2010 un 15,5 % de paro, la cifra más alta de la UE.
Este es el momento de defender hasta sus últimas consecuencias un modelo económico alternativo que contemple el interés social sobre el beneficio privado, basado en un desarrollo social y ecológicamente sostenible, en el control público y social de la economía, la planificación democrática de la misma y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y el control del excedente económico.
